La C.M. en la España bajo el Régimen Liberal (1835-1875). Capítulo 1

1.- El contexto político-religioso

1.1. El Estado Liberal (1834-1868)

1.1.1. Regencia de Mª Cristina (1834-1840)

Este es un período de importantes reformas administrativas (división provincial de España), políticas (Estatuto Real de 1834) y eclesiásticas. La Santa Sede no reconoce, en principio, a Isabel II y se niega a nombrar obispos para evitar actos que significasen reconocimiento de ninguno de los contendientes en la guerra civil. Todo ello indica el clima de tensión y mutua desconfianza entre la Iglesia y el Estado a comienzos de 1835.

Aunque la política de los liberales insistía en la reforma del clero regular, en la mejora de las condiciones económicas de los curas párrocos y en la eliminación de la «superstición» de la Iglesia, pronto se iniciará una política claramente anticlerical: Decreto sobre prebendas eclesiásticas (9-3-1834), ocupación de temporalidades a los que se unan a los carlistas (26-3-1834), obligación de quintas a los novicios religiosos (3-4-1834), sustitución de las Juntas de Fe (1-7-1835), supresión de Jesuitas y ocupación de sus bienes (22-7-1835), supresión de conventos con menos de doce religiosos profesos, salvo colegios de misioneros para Asia y casas de Escolapios (25-7-1835), supresión de órdenes religiosas masculinas y reducción de las femeninas (11-10-1835), declaración de venta de todos los bienes religiosos (19-2-1836), supresión de conventos, monasterios, etc… (8-3-1836), extinción de religiosos en la Península, islas adyacentes y posesiones de África, salvo colegios de misioneros de Asia, algunas casas de Escolapios, varios conventos de hospitalarios e Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, abolición del diezmo (29 julio 1837)…

Todo ello, más algunas matanzas de frailes en Madrid (17 julio 1834) y Barcelona (25 julio 1835) llevaría a la ruptura de relaciones diplomáticas (27 octubre de 1836) y al cierre de la Nunciatura (29 diciembre 1840) lo cual impidió el nombramiento de nuevos obispos (elementos claves para lograr una Iglesia más acorde con los postulados gubernamentales). En la práctica, solo doce de las sesenta diócesis del reino seguían estando administradas por sus obispos a finales de 1840.

La supresión de las órdenes religiosas y la venta de sus propiedades socavaron una de las instituciones fundamentales de la Iglesia del Antiguo Régimen, a la vez que se eliminaba la posibilidad de cualquier amenaza. Los ex-frailes y ex-monjes intentaron organizar su vida como párrocos o vicarios pero la mayoría pasaron a depender de las modestas pensiones del estado, que rara vez se pagaban. Su eliminación privó a la Iglesia de sus evangelizadores, educadores y propagandistas más activos. Este vacío no pudo llenarlo el clero secular mal preparado para asumir mayores responsabilidades. Por otra parte permitió al Estado extender su autoridad sobre el campo de la caridad y de la enseñanza secundaria.¹

También es cierto que el ambiente de anticlericalismo se fue extendiendo hacia amplios sectores populares. A la propaganda literaria, a la que ya hemos hecho referencia, debemos añadir otras causas, con raíces más antiguas, y que ahora van a salir a flote, como el resentimiento social de los campesinos que durante siglos fueron vasallos de abades y priores, las ansias de los burgueses por adueñarse de las tierras de monasterios y conventos o la pérdida de prestigio de las comunidades religiosas.

1.1.2. Regencia de Espartero (1840-1843)

La ruptura de relaciones Iglesia-Estado llevó la tensión a límites insospechados. A la intervención de Gregorio XVI denunciando la situación creada en España (1 marzo de 1841), el gobierno español replicó con una exposición en la que, además de rebatir al pontífice, mostraba una peligrosa tendencia «cismática» (29 junio).² Las consecuencias más notorias de esta tensión son la aproximación del clero hacia Roma (en quien pone sus esperanzas en vista de la débil presencia de obispos y sacerdotes liberales)³ y el deseo de que la misma Iglesia controlase su destino.

La Iglesia, que sufrirá poderosos embates⁴ (irregularidades en nombramientos, supresión de Propaganda Fidei, desamortización de bienes de capellanías, juramento de fidelidad al gobierno, proyecto de ley sobre jurisdicción eclesiástica, arrestos de sacerdotes..), comenzará a utilizar, en su defensa, una prensa (La Revista Católica, El Católico, La Cruz…) de corte informativo (alejado del triunfalismo y antiliberalismo anterior) que servirá, dentro de unos límites, para contrarrestar el idealismo de una iglesia nacional.

Hacia 1843 la organización de la Iglesia del siglo XVIII se había hundido bajo el peso de la reforma liberal. Las órdenes religiosas masculinas habían desaparecido, con pocas excepciones; muchas diócesis no tenían obispo; los canónigos se habían reducido; el clero parroquial mantenía sus efectivos (unos 25.000) gracias a la mano de obra de los ex-regulares… en definitiva, representaban un tercio del número de sacerdotes registrado a finales de siglo.

Todo ello trajo consigo la desaparición de las actividades caritativas y educativas desarrolladas por la Iglesia y su reducción a tareas exclusivamente pastorales que descansaban sobre los hombros de los párrocos (mal distribuidos geográficamente y sin una preparación expresa para la evangelización popular que desarrollaban las órdenes religiosas y para los retos de una sociedad sumamente individualista).

1.1.3. Década moderada (1844-1854)

Isabel II es declarada mayor de edad y jura la Constitución de 1837. A la represión contra los progresistas acompaña una política de reconciliación con la Iglesia (iniciada en 1841) ya que, llegados a esta situación, ambos precisan de mutuo apoyo (obispos sin nombrar, clero capitular muy reducido, irregularidades en la ayuda de los sucesivos gobiernos…). Progresivamente se irán tomando algunas medidas de franca ventaja para la Iglesia: suspensión de la venta de bienes del clero y monjas como prueba de buena voluntad (26-6-1844), aprobación de una cantidad para culto y clero (1-6-1845), autorización para volver al clero secular los bienes no enajenados, suspensión de la venta de conventos …

La Constitución de 1845 supone, entre otras cosas, la afirmación de la iniciativa compartida de Corona y Cortes como sujetos del poder constitucional, el mantenimiento del sufragio restringido y la aceptación de la religión Católica como la del Estado que se obliga a mantener el culto y sus ministros.⁵ Se normalizan las relaciones Iglesia-Estado con la firma del Concordato de 1851⁶ que es recibido con abierta hostilidad por los progresistas, con discreta reserva por los moderados y con tranquila aquiescencia por los clérigos.⁷

La década moderada, por otra parte, supuso un cambio notable en la formación de los futuros sacerdotes. Los seminarios que en el siglo XVIII se consideraban instituciones de segunda fila adquirieron una singular importancia y provocaron la supresión de las facultades de Barcelona, Granada, Salamanca, Santiago y Valencia. El Concordato de 1851, al asegurar el apoyo económico estatal a los seminarios, hizo que el gobierno ordenase el cierre de las dos facultades restantes (Madrid y Zaragoza). La formación en los seminarios (unificada para todos los candidatos) acentúo el aislamiento intelectual del clero (centrado estrechamente en lo eclesiástico aunque en 1852 se incorporó las ciencias al programa de estudios) y produjo unas generaciones de sacerdotes inadecuadamente preparados para enfrentarse a las condiciones sociales, políticas y económicas cambiantes.⁸

A partir de 1851, con objeto de hacer frente a la desmoralización e indiferentismo, resurgen las misiones populares (promovidas por los pocos miembros de las órdenes religiosas restauradas), aumenta el interés por la instrucción religiosa (nuevos catecismos, literatura devocional …) y aparecen nuevas asociaciones no sólo interioristas sino, sobre todo, voluntaristas (Sociedad de San Vicente de Paúl, Cofradía de la Doctrina Cristiana …). Todo ello permitió a la Iglesia adecuarse a la sociedad liberal aunque en las ciudades, con un creciente proletariado, el nivel de observancia religiosa parece ir en declive.

1.1.4. Bienio progresista (1854-1856)

Acceden al poder los progresistas a través de las revoluciones de 1854. Con relación a la Iglesia se suceden toda una serie de disposiciones de los diversos ministros de Gracia y Justicia con el fin de contener su influjo y limitar su campo de acción. Las primeras son las del 19 de agosto de 1854 (obligación para los obispos de oír las explicaciones de un autor antes de condenar y prohibir su obra), 23 de agosto de 1854 (urgimiento de la residencia de los eclesiásticos) y 25 de agosto de 1854 (restablecimiento de las Facultades de Teología en las Universidades de Madrid, Santiago, Sevilla y Zaragoza), a las que suceden otras varias correspondientes a los ministerios de Alonso, Aguirre, Andrés y Uría.

Pascual Madoz, ministro de Hacienda, decreta, a su vez, el 1 de mayo de 1855 la segunda gran desamortización (que afectó a bienes de religiosos, propiedades de instituciones educativas y de caridad y a tierras comunales de los municipios) cuya vigencia, con alguna interrupción, permaneció hasta 1895. A esta legislación siguió el deterioro de las relaciones Iglesia-Estado y el abandono de la corte por parte del encargado de negocios papal.

1.1.5. Bienio moderado y la Unión Liberal (1856-1868)

Período de cierta estabilidad política y de prosperidad económica que también afectó a la Iglesia (se detuvo la venta de bienes eclesiásticos, Ley Moyano -que reconocía la importancia de la religión en la educación-, aumento de sus publicaciones y catecismo … hasta firmarse el Convenio con la Santa Sede de 1859).

El censo de 1860 da cuenta de un clero secular de 42.765 individuos (unos 4.000 más que a principios de la década de 1840) mientras los religiosos sumaban 1.638 distribuidos en 62 residencias. Aumentaron las matriculaciones en los seminarios. Las circunstancias por las que había pasado la Iglesia hicieron que el clero secular cambiase la orientación de su trabajo, dedicándose ahora principalmente a labores pastorales. A pesar de todo subsistían algunos problemas como la disparidad de tamaño de las parroquias, la precariedad de la asignación estatal para el clero… Entre el clero femenino, tanto de clausura -tratado con más benevolencia por el Estado liberal que las órdenes masculinas- como el dedicado a la asistencia social comienza a tener un peso específico el de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (aumentarán de 887 a 1.657 entre 1854 y 1868).

Los obispos, dada la nueva orientación pastoral, vieron limitadas sus funciones aunque aumentaron su autoridad dentro de la Iglesia. A partir de 1857, bajo la influencia del confesor de la reina, P. Claret, los nombramientos (basados aún en el Concordato de 1753) recayeron generalmente sobre religiosos cuya cualidad principal era la lealtad a la soberana o sobre los que no se consideraban abiertamente hostiles al Estado liberal. Aunque había algunos obispos de origen aristocrático, la proporción de obispos procedentes de clases modestas se incrementó notoriamente.⁹

1.2. El Sexenio Revolucionario (1868-1874)

Derrocada Isabel II, es aprobada la Constitución de 1869. La decisión del gobierno en favor de la tolerancia religiosa, el tema del matrimonio civil (18 junio de 1870), la asignación de la administración de los cementerios al Estado¹⁰ y determinadas leyes anticlericales como la supresión de la Compañía de Jesús (12-10-1868), la prohibición a las órdenes religiosas de poseer y adquirir bienes (15-10-1868), la extinción de los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos fundadas en la Península e islas adyacentes desde 1837 (18-10-1868), la supresión también de las de San Vicente de Paúl (C.M.) y San Felipe Neri, igualmente las Conferencias de San Vicente de Paúl (pronto restablecidas), la eliminación de la dotación estatal a los seminarios… deterioraron notoriamente las relaciones entre las autoridades civiles y eclesiásticas, hasta el punto de quedar prácticamente cerradas ambas embajadas.

El anticlericalismo popular marca, por otra parte, los primeros momentos de la revolución. Si su objetivo principal era acabar con el régimen anterior, parece lógico que también se atacara a la Iglesia, como una de las Instituciones que le habían servido de apoyo y habían dedicado a su causa todos los medios disponibles. En esta reacción (que no es nueva, ni desgraciadamente será la última) «se atacaba no al «objeto» de la fe del pueblo simple e ignorante, sino a los representantes de las estructuras clericales, e incluso a éstas mismas, porque desde años habían sostenido incondicionalmente el sistema político derrumbado y gracias al mismo habían conseguido restaurar, en parte, antiguas situaciones de privilegio«.¹¹ Igual situación anticlerical se mostró en los políticos asistentes a las Cortes que alcanzó unos niveles nunca conocidos en España. Al excesivo clericalismo de la época anterior se respondía ahora con un no menos excesivo anticlericalismo, negando, incluso, a la Iglesia libertades que estaban en contradicción abierta con el mismo espíritu liberal.

La respuesta de los distintos sectores eclesiales ante estas circunstancias va a ser diversa. Los primeros sucesos provocarán no poco temor entre las autoridades eclesiásticas, una fuerte reacción en la prensa católica y conservadora (a la que se sumará la jerarquía), un par de clérigos combatientes en las Cortes y, sobre todo, el inicio de las Asociaciones de Católicos, amparados por los decretos del ministro de Gobernación de 1 y 20 de noviembre de 1868 que sancionaban el derecho de reunión pacífica para objetos no reprobados por las leyes y el de asociación.

La batalla más dura se desarrolló en torno a la pretensión del Gobierno de que los obispos y el clero prestasen juramento de fidelidad a la nueva Constitución. La negativa fue total y sólo tras arduas negociaciones con la Santa Sede, que acabó autorizándolo, se logró que una mínima parte lo hiciese. El gobierno mantuvo, a pesar de todo, la obligatoriedad del juramento y privó al clero de ayuda económica.¹² Igualmente significativa fue la cuestión de las relaciones del clero y la causa carlista. La actuación de algunos clérigos que tomaron las armas contra el gobierno, provocó la airada reacción del ministro de Gracia y Justicia acusando infundadamente al clero de favorecer la causa carlista. Consecuencias de todo ello fueron las arbitrariedades de las autoridades locales y provinciales y, lo que es más importante, la fijación, por parte del gobierno, del clero a la causa carlista.

Tras la elección y corto reinado de Amadeo de Saboya (a quien la Santa Sede exigió la reparación de una serie de «agravios» causados a la Iglesia, cosa que no consiguió y, por tanto, nunca fue reconocido) en el que las principales medidas restrictivas respecto de la Iglesia fueron, dada la crisis por las que pasaba el Estado, de orden económico (respondida con la no aceptación de los candidatos episcopales), se proclama la I República (1873), con algunos sucesos turbulentos anticlericales, que terminó en el cantonalismo. La idea, nunca llevada a la práctica, de solución al problema de la Iglesia parece clara a los republicanos: separación de Iglesia y Estado. La opinión eclesiástica atacó la propuesta de ley de separación, pero por primera vez en la historia de la Iglesia española, ésta comenzó también a cuestionarse la utilidad de su relación tradicional con el Estado.¹³

La Iglesia sufrió una conmoción notable entre 1868 y 1874 aunque ningún gobierno defendió una política nacional de acoso y violencia antirreligiosa. La situación de la Iglesia fue peor que durante la revolución de 1854-1856, pero mucho mejor que en la década 1833-1843.¹⁴ El número de vocaciones disminuyó y las finanzas eclesiásticas permanecieron en un completo desorden como consecuencia de la práctica bancarrota de los sucesivos gobiernos que estuvieron en el poder durante esos años.