La C.M. en la España contemporánea (1931-2000). Capítulo 1

1.- El contexto político-religioso

1.1. La Segunda República (1931-1936)

El Gobierno Provisional, configurado por los líderes del Pacto de San Sebastián (1930), convoca las elecciones a Cortes Constituyentes el 3 de Junio de 1931 con tres objetivos: elaborar la Constitución y Leyes complementarias, enjuiciar la obra del propio Gobierno Provisional y designar al Jefe del Estado.

1.1.1. El Bienio republicano-socialista (1931-1933)

Las elecciones dieron unas Cortes con una semblanza mucho más progresista de lo que el conjunto del país era en realidad. ¹ Tanto los socialistas como los republicanos radicales que acceden al poder eran rabiosamente anticlericales. La Constitución aprobada el 9 Diciembre 1931 establecía un Estado sin religión oficial (la discusión de los artículos 26 y 27 se revelaron como los más polémicos), división de poderes, sufragio universal para mayores de 23 años, subordinación de la riqueza del país a los intereses nacionales, expropiabilidad y posibilidades de socialización e intervención en la economía nacional, etc … Eligen presidente de la República a Niceto Alcalá Zamora.

Al proclamarse la República el clero secular estaba compuesto por 34.176 sacerdotes y el clero regular por 12.903 religiosos (1.067 casas) y 47.942 religiosas (3.764 casas). En su organización mantenía lo establecido en el Concordato de 1851 aunque éste quedó abrogado de hecho. La Iglesia influía en la vida pública no solo a través de la enseñanza (20 % en primaria y 30 % en enseñanzas medias) sino también a través de las organizaciones del apostolado seglar (A.C., A.C.N.P., …) y de organizaciones profesionales y confesionales como la Confederación Católico-Agraria, los endebles Sindicatos Católicos Obreros, Federación de Estudiantes Católicos y la Asociación Nacional de Maestros Católicos.² A pesar de todo estaba muy retrasada con respecto al progreso alcanzado por la sociedad civil y eclesiástica de otros países europeos especialmente en el campo social. Y aunque no faltaron ejemplos de buena voluntad, en la masa del clero prevaleció una postura pasiva agravada en algunos casos por la conducta menos digna de sacerdotes y religiosos poco observantes.³

El ambiente general del país era fuertemente anticlerical tanto entre los intelectuales como en el pueblo. Los intelectuales despreciaban y atacaban a la Iglesia por ser enemiga del progreso. Era el fruto del subjetivismo liberal y del positivismo científico y plantean sus acciones partiendo de la escuela y de la universidad. El anticlericalismo popular, muy unido al anterior y que, en gran medida no hace sino llevar a la práctica las consignas de los líderes políticos, era más emotivo y violento y tenía sus manifestaciones más virulentas en las acciones callejeras. Como señala Palacio Atard «la raíz popular del anticlericalismo fue regada día a día con muchas aguas turbias. No solo con la oratoria mitinesca de los demagogos callejeros, sino también con el empaque de los discursos parlamentarios durante todo el primer tercio del siglo XX. No solo con las soflamas panfletarias y las páginas procaces de muchos diarios o revistas chabacanas, sino también con las colaboraciones redactadas por bien cortadas plumas en las publicaciones periódicas de prestigio y calidad. Del mismo modo, la novela y el teatro sirvieron de caja de resonancia del anticlericalismo intelectual en los medios populares: recuérdese el estreno en 1901 de Electra, de Pérez Galdós, y las obras de Blasco Ibáñez y Pérez de Ayala».⁴

La Iglesia podría haber adoptado una postura de concordia con el nuevo régimen, pero no lo hizo; otro tanto sucedió por parte del Gobierno Provisional y las Cortes Constituyentes que podrían haber trazado un programa clerical más inteligente.⁵ Los distintos Decretos Gubernamentales y las Pastorales de los Obispos son muestra inequívoca de esta situación.⁶

En resumen, a diferencia de otras leyes, la República operó rápidamente contra la presencia tradicional de la Iglesia en la sociedad. Aunque la Iglesia fuese odiada o ignorada por una gran parte del proletariado industrial y por una elevada proporción del rural, el «enemigo» era demasiado fuerte para destruirlo con un puñado de leyes y decretos. El organismo eclesial supo resistir estos embates a través de no pocos subterfugios, y sobre todo, por medio de la creación de su propia fuerza política, Acción Popular, que andando el tiempo habría de ser el núcleo de la CEDA, y que en 1934 habría de compartir el poder con el Partido Radical de Lerroux.⁷

1.1.2. El bienio radical-cedista (19 Noviembre 1933-Enero 1936)

La conjunción de tres factores (cambio de opinión de grandes masas, unión de la derecha y abstención parcial de la izquierda) provocó el triunfo de la CEDA y del centro frente a la izquierda.

Durante este bienio se pueden distinguir dos fases. La primera caracterizada por los gobiernos de predominio radical, con colaboración de los partidos de centro o de derechas republicanos, y una segunda que se inició el 4 de octubre de 1934 en la que la CEDA entró a formar parte del gobierno de la República.⁸ Acontecimiento que fue aprovechado por las fuerzas de izquierdas para promover un golpe de estado que, en Asturias, adquirió todas las características de guerra civil.

En resumen, podemos decir que las alteraciones de orden público no fueron sustancialmente refrenadas; mejoran notablemente las relaciones Iglesia-Estado y con el Ejército; se agudizan las tensiones regionalistas; progresivamente se hace más reaccionaria la política respecto a la reforma agraria; aparece el peligro de autoritarismo…

Durante 1935 se produjo un reagrupamiento de las fuerzas de izquierda como posibilidad de retornar al gobierno, formando el llamado Bloque o Frente Popular.

1.1.3. Elecciones de 1936. Triunfo del Frente Popular.

La jerarquía de la Iglesia Católica llegó a considerarlas como un enfrentamiento entre Cristo y Lenin y requirió la unión de los católicos que debía ser de todos y a toda costa.⁹

El triunfo del Frente Popular fue seguido de un desbordamiento de las masas de votantes, un abandono del poder político por parte del gobierno y el comienzo de una situación prerrevolucionaria. Lo más significativo fue la fragmentación de la sociedad española reflejada tanto en la composición de las Cortes como en la inestabilidad social. Esta situación engendró en un grupo relativamente numeroso de militares el convencimiento de que la única salida posible era la instauración de una dictadura militar por medio de un golpe de Estado. El alzamiento militar se inició el 17 de Julio en Melilla.

1.2. La Guerra Civil (1936-1939)

En líneas generales las pretensiones del alzamiento vienen expresadas en la carta de Sanjurjo a Mola del 11 de Julio: «El Gobierno (triunfante de la insurrección) tiene que constituirse en sentido puramente apolítico, por militares, y ha de procurarse que el que lo presida esté asesorado por un Consejo compuesto por hombres eminentes… Desde luego, inmediatamente habrá que proceder a la revisión de todo cuanto se ha legislado, especialmente en materia religiosa y social hasta el día. Es necesario que cesen las actividades de los partidos políticos para que el país se encalme… Ir a la estructuración del país desechando el actual sistema liberal y parlamentario. La duración del gabinete militar ha de ser la necesaria hasta encauzar al país por las normas indicadas…».¹⁰ En los tres años que dure la guerra ambos gobiernos siguieron legislando en «sus» territorios.¹¹

Desde sus inicios únicamente determinados obispos apoyaron el alzamiento.¹² Sólo a primeros de Julio de 1937 la jerarquía de la Iglesia católica de España (salvo Vidal i Barraquer y Múgica, que vivían en Italia) manifestó colectivamente su legitimidad dándole un sentido patriótico y religioso (lo cual nadie había pretendido en su inicio, salvo en Navarra). También es cierto que entre el clero bajo y gran parte de la población católica la única esperanza estaba centrada en un golpe militar que acabara con la República.¹³

El número de sacerdotes, religiosos y religiosas asesinados en ese momento se acercaba a 6.500. Al final de la guerra eran 12 obispos, 4.148 sacerdotes, 2.365 religiosos y 283 religiosas. En Junio de 1938 el Vaticano, que había permanecido prudentemente a la expectativa, y el gobierno de la España nacionalista establecieron relaciones diplomáticas nombrando sendos embajadores. En la zona republicana prácticamente todo el episcopado estaba ausente y las actividades eclesiales se mantenían «catacumbalmente».

1.3. La España del Franquismo (1939-1975)

Sus primeros pasos (1939-1944) se orientan a solucionar los abundantes problemas internos derivados de la guerra¹⁴ y a proyectar una política de «no beligerancia» en la naciente guerra mundial. En el interior los momentos son duros: miseria y aislamiento. Esto obliga a adoptar una política autárquica cuyos rasgos principales son el autoabastecimiento del país, la supresión de numerosas libertades en el área económica, la intervención directa del Estado en el sistema productivo y el control y explotación de las clases trabajadoras.¹⁵ A finales del período se suaviza el vocabulario totalitario mientras se mantiene el sistema autárquico. Comienza la autodenominada «democracia orgánica».

Segura la victoria aliada (1944-1948), la política exterior española juega la baza del anticomunismo ofreciendo al mismo tiempo una adhesión suplicante a las iniciativas americanas. En política interior se asiste a la pugna entre falangistas y católicos por hacerse con el poder y se negocia con don Juan, hijo de Alfonso XIII. Habrá que esperar a 1953 para la firma de un tratado de «ayuda militar» con los Estados Unidos y la firma del Concordato con el Vaticano. Esta ayuda americana sirve para paliar y aminorar la escasez; se suprime en el verano de 1951 el racionamiento.

La Iglesia y el Estado mantienen un mutuo acuerdo de reparto de concesiones: el Gobierno franquista devuelve a la Iglesia sus privilegios y acepta determinados presupuestos (abolición del divorcio, obligatoriedad del matrimonio canónico, exención de tributación de impuestos para los bienes eclesiásticos, monopolio de la enseñanza privada, importancia de las Cartas Pastorales, las «asesorías religiosas»…); la Iglesia acepta el nuevo régimen trabajando desde entonces por el reconocimiento del mismo por parte del papado y la intromisión del Jefe del Estado en el nombramiento de los obispos («derecho de presentación») al que sólo renunciará, a pesar de las sugerencias de Pablo VI, el rey Juan Carlos tras la muerte del dictador.

El protagonismo eclesial se mantiene y se manifiesta en las grandes concentraciones, en devociones peculiares que se fomentan (Cristo de Medinaceli, Virgen de Fátima…), Acción Católica, etc… y cuyo punto culminante lo representa el Congreso Internacional de Barcelona de 1952. Sin embargo, ya a finales de los años cuarenta comienzan a vislumbrarse dentro de la Iglesia determinados grupos que van a salirse de la órbita estrictamente eclesial: HOAC, JOC, Cursillos de Cristiandad … Cuando se firme el Concordato en 1953, en éstos y en otros sectores de la Iglesia, la actitud crítica y de distanciamiento respecto del régimen son patentes. La acción pastoral fue intensa y se caracterizó también por su patriotismo y por su masividad. Se vivía la euforia de una restauración y de una afirmación de valores. Las misiones populares y los ejercicios espirituales llegaban a todas partes: al ejército, a las fábricas y a los ministerios.

La recuperación económica (1956-1962) y el comienzo de la reindustrialización fueron acompañados de una inflación sumamente fuerte. El año 1956 se caracterizó por una intensa agitación social y por la presencia de una vigorosa oposición universitaria. España entra en la ONU y en algunos organismos europeos. Plan de Estabilización de 1959-1960.

La convocatoria y desarrollo del Concilio Vaticano II supuso un hito clave en las relaciones Iglesia-Estado por cuanto representa de democratización de la Iglesia. No es extraño que el régimen se sintiese disgustado. La aprobación por parte de la mayoría de obispos españoles de decretos como «Dignitatis Humanae», «Guadium et Spes» y, sobre todo, el llamado «Christus Dominus», sobre la actuación de los obispos en el mundo, significó un desafío moral y político para los hábitos del país y del régimen; la invitación a los poderes civiles a renunciar a sus privilegios en los nombramientos de obispos cayó en saco roto; el régimen lo justifica: que renuncie la Iglesia a los privilegios adquiridos paralelamente.

Los años 1963-1973 marcan una época de rápido crecimiento orientado por los «planes de desarrollo». Mediante la Ley Orgánica de 1966 se mantiene a Franco como Jefe de Estado y a las Cortes como «corporativas». En Julio de 1970 se asigna al príncipe Juan Carlos un papel oficial como sucesor designado por Franco. El montaje sucesorio del franquismo se viene abajo con el asesinato del almirante Carrero Blanco en Diciembre de 1973. ETA reivindica el atentado. El progresivo deterioro de la salud de Franco plantea en Julio de 1974 el problema de la sucesión. Partidarios del régimen pasan a la oposición. Muere Franco el 20 Noviembre de 1975. El rey Juan Carlos I ratifica como presidente de gobierno a Carlos Arias Navarro que, ante el fracaso de su corto aperturismo, dimitirá el 1 de julio de 1976. En su lugar, ante la sorpresa de la derecha franquista y de la derecha aperturista, es nombrado Presidente de gobierno, Adolfo Suárez, antiguo Secretario General del Movimiento.

La Iglesia, en estos últimos años, soporta, a nivel interno, las tensiones entre los sectores progresistas (ávidos de aplicar las decisiones conciliares, entre ellos Cristianos por el Socialismo o personajes como el cardenal Tarancón …) e inmovilistas (preocupados por la aplicación demasiado apresurada de los decretos conciliares, Hermandad Sacerdotal del Clero, cardenal González Martín…). Respecto al Estado, los conflictos son permanentes. Dos momentos claves serán la Asamblea Conjunta de Septiembre de 1971 (separación del contexto político al que estaba incardinada)¹⁶ y el llamado «caso Añoveros» (24 de febrero de 1974)¹⁷ aunque abundan las homilías multadas, los encarcelamientos de clérigos, las prohibiciones de asambleas cristianas … que denotan ese progresivo desenganche de la Iglesia con respecto del Estado, aunque ésta mantenga su papel privilegiado y la posesión de beneficios concedidos por el régimen franquista a lo largo de los tres decenios anteriores. La elección en 1972 del cardenal Tarancón como Presidente de la Conferencia Episcopal y del obispo Elías Yanes como secretario marcó el final del predominio de los prelados afectos al régimen dentro de la jerarquía eclesiástica. No sólo eso, sino que la mayoría de ellos estaban convencidos de que ya nada podían esperar del régimen y se prepararon para una transición a un régimen democrático en el momento en que desapareciese el dictador. Los años 1974 y 1975 marcaron el cambio definitivo de la jerarquía respecto del régimen: ya no se trataba sólo de distanciarse sino de romper amarras.

1.4. España en democrácia (1975-2000)

Tras la muerte de Franco es proclamado Rey de España Don Juan Carlos de Borbón (22 de noviembre de 1975). La sociedad española presenta en esos momentos varios frentes: los grupos populares demandando amnistía, libertad, autonomía y derechos para las mujeres; el ejército a la expectativa y con su ala derecha con intención de perpetuar un franquismo sin Franco; la Iglesia, tras su ruptura con el régimen en años anteriores, buscando su acomodación a las nuevas circunstancias bajo el influjo del cardenal Tarancón y soportando un duro anticlericalismo de derechas. En realidad la Iglesia había experimentado con anterioridad su propia transición siguiendo las pautas renovadoras del Vaticano II y las orientaciones personales de Pablo VI. Quienes se resistieron al cambio fueron una minoría (media docena de obispos, un reducido sector integrista del clero y núcleos de católicos aferrados a la historia pasada).

De singular importancia es la homilía que pronuncia el mismo cardenal Tarancón en el Eucaristía del mismo 22 de noviembre de 1975. En ella, basado en el magisterio de Pablo VI, del Vaticano II y de los documentos colectivos del episcopado español, recordó a la suprema autoridad del Estado «los principios éticos de un orden nuevo, los valores tradicionales del pueblo español y la voluntad de respeto, y a la vez de independencia, por parte de la Iglesia, con respeto a la nueva etapa política, en la que no pediría privilegios ni legitimaría ninguna opción política, ni permitiría que partido alguno se sirviera de la Iglesia para sus propios intereses».¹⁸

El rey mantendrá a Carlos Arias Navarro como Presidente de Gobierno durante un año. En 1976 nombrará a Adolfo Suárez cuyo principal logro (junto a Torcuato Fernández Miranda, presidente del Consejo del Reino) será la aprobación por parte de las Cortes de la Ley de Reforma Política (1976).

Basados en ella se legalizarán los Partidos Políticos (incluido el PCE) y se convocarán las elecciones de 1977, primeras democráticas desde 1936. En ellas triunfará la Unión de Centro Democrático (coalición de grupos y personalidades de centro derecha configurada por el mismo Suárez de manera muy rápida) aunque sin lograr la mayoría absoluta. Los grandes fracasados son el PCE (20 escaños), la extrema derecha (0) y la Democracia Cristiana (0).

La voz de la Iglesia, en estos momentos, despertaba un cierto interés aunque menos del que era de esperar. Varios hechos se planteaban como retos a los que hacer frente: la progresiva descristianización de la comunidad española; la disminución de la asistencia a misa, la escasez de lectura de literatura teológica y religiosa; matrimonios civiles; liberalismo en costumbres y espectáculos, disminución del influjo de las familias en los hijos, reducción de la incidencia de los colegios confesionales…

a) Transición a la democracia: los gobiernos de UCD (1977-1982).

Presentado el Gobierno, tres serán los principales problemas: la grave situación económica (Pactos de la Moncloa), las reivindicaciones regionalistas (reconocimiento de las autonomías) y la necesidad de una Carta Magna (Constitución de 1978). El artículo 16 de esta Constitución vela por el respeto de la religión no sólo desde una perspectiva individual sino desde una dimensión social. Se introduce la libertad religiosa y la no confesionalidad del estado. La Constitución de 1978 se apoyaba en un compromiso entre los partidos políticos. Por consiguiente, sus términos en lo refe­rente a la religión y la Iglesia rara vez eran específicos, salvo en la cuestión de la liber­tad religiosa. La Iglesia recibía el reconocimiento constitucional, la vaga promesa gene­ral de una futura cooperación del Estado y el reconocimiento de la legitimidad de su red de colegios. La cuestión de la cuantía del sostén económico de los colegios de la Iglesia permanecía sin resolver. La Constitución tampoco satisfizo las expectativas del clero con respecto a la moral pública.¹⁹

La postura de la Iglesia durante la transición adoptó dos formas: evitar que el Gobierno le impusiera un convenio unilateral (como en la República) y participar en el debate y decisión política a fin de obtener acuerdos favorables a sus intereses. En todos los sentidos, el paquete de cinco acuerdos firmados entre Madrid y el Vaticano en 1976 y 1979 constituía un nuevo concordato, aunque ningún partido quería utilizar un término que había dejado de ser del gusto del mundo posterior al Vaticano II.²⁰

En las elecciones generales y municipales de 1979 el triunfo sonrió de nuevo a la UCD aunque con menor holgura que en las anteriores. Junto a evidentes éxitos (configuración del mapa autonómico) varios problemas van saliendo a flote (crisis económica, terrorismo y disensiones internas de UCD) que motivarán la dimisión de Don Adolfo Suárez en 1981.

La propia UCD propone a Don Leopoldo Calvo Sotelo para sustituir a Adolfo Suárez. En la sesión de «confianza» ante las Cortes, se produce el fracasado golpe de Estado del 23 de febrero. Lograda la confianza de la cámara, sucesivas leyes (LOAPA, Divorcio) o acontecimientos (colza, Almería, OTAN) crearán una progresiva pérdida de diputados del partido gobernante. Ante esta situación, se convocan nuevas elecciones.

b) Consolidación democrática: la Era socialista (1982-1996) y los gobiernos del PP (1996-2000)

El resultado de las elecciones de 1982 significa el triunfo absoluto del PSOE, el afianzamiento de Alianza Popular, la consolidación de CIU y PNV y el hundimiento de UCD y PCE. El triunfo del PSOE, a pesar de la desintegración progresiva de la UCD, cogió por sorpresa a la Iglesia. Lo mismo ocurrirá en las elecciones de 1986 aunque el ingreso en la OTAN representará la pérdida de 20 escaños para el PSOE.

Los años ochenta son de gran actividad legislativa en diversos campos como la educación (LODE y LOGSE), social (aborto), ejército (democratización) y política exterior (ingreso en la CEE, permanencia en la OTAN). Algunas de estas cuestiones (aborto y enseñanza) suscitaron bastantes tensiones con la Iglesia. La Iglesia, no obstante, encontró las mayores dificultades en la actitud que mantuvo el PSOE durante los trece años de su gobierno, pues los socialistas fueron «más triunfalistas que negociadores; más separadores que integradores; más inquisidores que generosos; más aferrados al poder que dispuestos a perderlo en un día y más obligados a reconocer que España es una realidad más extensa y variada que los ocho o diez millones de votos que ese partido había obtenido en estos años».²¹

Son años de una notable mejoría económica y de un significativo aumento de las prestaciones sociales. Todo ello repercutirá en la imagen del país reflejada tanto en la Exposición Universal de Sevilla como en las Olimpiadas de Barcelona. Sin embargo, en el tránsito de la década, el descontento de los sindicatos con la política económica del gobierno es manifiesto y la ruptura con los partidos políticos más que evidente.

Los años noventa verán aún dos nuevos gobiernos del PSOE (1989 –mayoría absoluta- y 1993 –mayoría relativa-) y otros dos del PP (1996 –mayoría relativa- y 2000- mayoría absoluta-). Los primeros caracterizados por la corrupción (tráfico de influencias, enriquecimiento rápido, corrupción política), la decepción europea (exigencias de Maastrich) y desprestigio del PSOE (fondos reservados, actuación del GAL, escuchas telefónicas, «pelotazos») y los segundos por la llegada al poder del Partido Popular.

El mapa eclesiástico de España a finales del siglo XX es similar a los años anteriores. La diócesis es la base organizativa incrementándose estas de 63 a 67 (Ciudad Real, Jerez, Alcalá y Getafe). Se inicia, por otra parte, la proliferación de diversos cuerpos consultivos que, en ocasiones, serán fuente de abundantes conflictos con las propias autoridades diocesanas. Igualmente se dieron pasos para responder positivamente al nombramiento de obispos nativos de las diócesis (especialmente en lo que respecta a Cataluña y el País Vasco). La CEE adquirirá un rango desconocido hasta el momento convirtiéndose en cuerpo negociador con los sucesivos gobiernos. A su vez, la parroquia (en progresivo ascenso, pasando de 18.869 en 1960 a 22.488 en 1987)²² siguió siendo la unidad local de la organización eclesiástica pese a grupos o movimientos alternativos. Este aumento, no obstante, se verá matizado porque la mitad de ellas (sobre todo en el ámbito rural) estarán sin párroco residente, reflejo de la grave crisis vocacional.

El clero regular experimentó un considerable descenso numérico: 117.556 en 1960 a 90.323 en 1986²³ incidiendo de la misma manera en el número de sus candidatos mucho más significativo en las órdenes femeninas que en las masculinas (6.595 en 1966 a 751 en 1980). Disminuidas algunas de sus actividades preferentes y tradicionales (educación, misiones populares…) parte del clero regular se involucró en los trabajos parroquiales en un marco de colaboración y coordinación con el clero regular. De hecho entre 1971 y 1986 el número de parroquias con personal de órdenes religiosas pasó de 382 a 917 y casi dos tercios de sus sacerdotes realizaban tareas pastorales diocesanas.²⁴ A pesar de todo siguieron con sus funciones tradicionales de educadores y dispensadores de asistencia caritativa. «A finales del decenio de 1980 proporcionaban personal a 1.545 hospitales, orfanatos y asilos de ancianos de administración eclesiástica directa y brindaban 20.510 profesores a la red de colegios católicos. Además proporcionaban personal a 127 instituciones médicas públicas regidas por los gobiernos de las comunidades autónomas».²⁵

El nuevo papel del laicado, recomendado por el Vaticano II, será uno de los retos más importantes que afrontará la Iglesia. Su tradicional participación en determinadas esferas no se consolidará en aspectos más trascendentes a pesar de algunos intentos. La Acción Católica quedará supeditada a la acción episcopal a partir de 1966. Una innovación importante fue la creación de los Consejos Diocesanos de laicos, base de un consejo nacional laico. A nivel educativo la CONCAPA (Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de alumnos) defenderá los intereses de la Iglesia en este ámbito. Junto a ellas, una gran gama de asociaciones piadosas, grupos especializados como los «Boys scouts católicos» y las fundaciones de caridad. Resaltar el resurgir en torno a 1988 de la Acción Católica, bajo la dirección de Eva Gómez Pina. Indicar, por último, la preocupación eclesial de llegar a la gente a través de los medios de comunicación. Tras el abandono de los medios escritos (Ya y otros) en 1988, se centró todo su potencial en la red de emisoras que poseía y que aglutinó en torno a COPE.

La religiosidad popular sufre un profundo cambio más acentuado en el ámbito urbano que en el rural aunque se mantienen determinadas prácticas religiosas (procesiones, devociones…) que apuntan a una religiosidad sociológica. «Entre 1973 y 1990, el porcentaje de españoles que declaraban asistir con regularidad a la misa dominical descendió del 68 al 43 por 100«.²⁶ Ante esta situación fracasan los intentos tradicionales de «evangelización»: misiones populares, ejercicios espirituales, sacramentalización… Aparecen, por el contrario, asociaciones que pretenden profundizar la fe en pequeños grupos aunque desde diversas perspectivas y con diferente aceptación y relación con la CEE: Opus Dei, Cristianos por el Socialismo, Neocatecumenales, Comunidades Cristianas Populares, Teólogos Progresistas…